ESPAÑA Y LA MEMORIA HISTORICA: UNA ASIGNATURA PENDIENTE EN DEMOCRACIA

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Queridos amigos y amigas, tengo el placer de incluir en este blog, el articulo que nos ha enviado El Profesor y amigo Julián Chaves, gran estudioso y conocedor de temas relacionados con el periodo de la Guerra Civil Española del 36, este articulo sera impreso en nuestra revista del CEDESC, ESCRITS. hasta pronto.

España y la Memoria Histórica:
una asignatura pendiente en democracia

Julián Chaves Palacios
(Universidad de Extremadura)

La Recuperación de la Memoria Histórica es un contenido de candente actualidad en nuestro país. Y lo es no solo por la aprobación en el Parlamento español, a finales del año 2007, de la “Ley de reconocimiento y extensión de los derechos a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura” y por la reciente providencia dictada por el juez Baltasar Garzón solicitando la identificación de los desaparecidos, sino también por la reivindicación, cada vez más diáfana y rotunda, de asociaciones y familias afectadas. Es importante resaltar este último extremo pues constituye el aspecto cardinal de unas medidas que tienden a dar cumplida satisfacción a esa demanda social tan justificada.

Una demanda fundamentada en la reivindicación por parte de familiares de republicanos represaliados en la Guerra Civil y Franquismo que hasta la llegada de la democracia no pudieron honrarles adecuadamente. Y aún hoy, con 30 años de existencia de nuestra Carta Magna, algunos sectores sociales de nuestro país, afortunadamente cada vez menos, miran con recelo, cuando no con distanciamiento, ese deseo de dar dignidad a quienes la perdieron de forma tan impune. Comportamiento que obedece a una lógica que hunde sus raíces en los mismos orígenes de la dictadura franquista, con la instrumentalización que los vencedores de la guerra civil de 1936-1939 hicieron de la historia y la memoria de ese conflicto armado, a través de una implacable política de olvido de la tragedia que se vivió en esos años y de justificación del golpe de estado de julio de 1936 que acabó con la República.

Con la muerte del dictador y el inicio de la Transición en España, dos conceptos tan recurrentes como memoria y olvido van a protagonizar el recuerdo de las consecuencias del conflicto de los años treinta. Se impuso una memoria oficial, alejada de cualquier atisbo de enfrentamiento, y un pacto de olvido. En suma, era necesario no adentrarse en ese pasado tan lejano en el tiempo pero tan presente en el sentimiento, pues la prioridad era establecer vías de entendimiento entre los españoles independientemente de su ideología con vistas a conseguir la necesaria reconciliación. Anhelo que se cumplió con evidente acierto, o al menos así lo ponen de manifiesto las tres décadas de existencia de la Constitución actual y la consolidación de un sistema de libertades, experiencia sin precedentes en la historia de nuestro país, que sin embargo no ha evitado que el recuerdo de esa contienda armada forme parte de la memoria colectiva de mucha gente, especialmente de aquellas que todavía buscan, afanosamente, a sus desaparecidos.

Nos estamos refiriendo, a fuerza de introducir precisión terminológica en cuestiones que a veces tienden a la confusión, a aquellas personas que desean saber el paradero de familiares fusilados de los que no consta referencia registral alguna, ni dejaron rastro de ellos. Demanda a la que han sido receptivas determinadas asociaciones creadas, en su mayor parte, hace tan sólo unos años, que conscientes de la necesidad de dar respuesta a esa reivindicación, supieron unir a los familiares e iniciar un proceso de recuperación del victimario que le llevó a abanderar no sólo su identificación, sino también la exhumación de fosas. Exhumaciones que ya se iniciaron, ante el oprobio que suponía para muchos no afrontar esa cuestión tan lacerante, en plena Transición, pese a no contar ni tan siquiera con permiso “oficial” para hacerlo, pero que ha tenido su eclosión desde que todo este proceso ha tomado verdadera carta de naturaleza.

Y afortunadamente esa dinámica, asentada originariamente en las familias de represaliados y grupos asociativos, se ha visto amparada por decisiones políticas y jurídicas que le han dado la deseada cobertura legal. Nos estamos refiriendo, en primer lugar, a la ya citada “Ley de Memoria Histórica”, que además de establecer reconocimientos a los afectados por la violencia en la Guerra Civil, ampliar las pensiones y regular la tan traída y llevada cuestión de los símbolos conmemorativos de esa contienda armada y sus protagonistas, aborda el inaplazable asunto de las fosas comunes, instando a las administraciones públicas a actuar en materia de exhumaciones.

Contenidos, pues, novedosos, para una Ley que fue criticada, curiosamente, tanto por determinadas organizaciones de izquierdas al no contemplar la anulación de los juicios franquistas (consejos de guerra) contra los republicanos; como por los partidos conservadores al entender que “reabre heridas del pasado”. Pero disquisiciones aparte, lo cierto es que por fin familias y asociaciones cuentan con un instrumento legal para acometer determinadas iniciativas que antes no tenían. Un paso, por tanto, en la buena dirección, que ha abierto fundadas esperanzas para que esta asignatura pendiente de nuestra democracia entre en vías de solución.

Nueva legalidad que se ha visto reforzada por la providencia dictada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, por la que solicita, ante la denuncia presentada por trece asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica “por crímenes contra la Humanidad atribuidos al régimen del general Francisco Franco”, datos a varios ministerios y ayuntamientos, así como a la Conferencia Episcopal, sobre desaparecidos y fosas comunes de la guerra civil y posguerra. Una decisión cuanto menos controvertida, objeto de opiniones encontradas, que sin desear adentrarnos sobre su futura viabilidad, en el terreno social ha originado un fuerte impacto.

Y es que al socaire de esa decisión de Garzón, muchos familiares de represaliados que dudaban sobre si efectuaban o no la correspondiente demanda, se han decidido a reclamar su memoria. Todos quieren que sus “desaparecidos” consten en las relaciones que se van a entregar al Juez por parte de las asociaciones, y esa decisión, desde el punto de vista historiográfico e investigador, es preciso aprovecharla pues propiciará identificar a muchos represaliados cuya ejecución permanecía en el anonimato ante la falta de registro documental sobre su muerte. Un escenario, pues, novedoso, que independientemente de su final, permitirá ir conociendo el siempre complicado puzzle de la represión franquista y, por otro, da respuesta a unas familias necesitadas de que sus familiares desaparecidos sean identificados, exhumados sus cuerpos en aquellos casos en que todavía permanezcan en fosas comunes y, sobre todo, que se les dé la dignidad que perdieron de forma tan impune hace tantos años.







Currículum: JULIÁN CHAVES PALACIOS, es Profesor Titular en Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura. Sus investigaciones se han ocupado del análisis político y social de la realidad contemporánea durante los siglos XIX y XX, con una docena de libros publicados y diversos artículos, entre los que destacamos los trabajos dedicados al estudio de la guerra civil de 1936-1939 en sus diferentes vertientes. Su último libro publicado lleva por título Guerrilla y franquismo: memoria viva del maquis Gerardo Antón (Pinto), además de coordinar la obra colectiva Historia y memoria de la guerra civil en Extremadura: Badajoz en agosto de 1936 (2005).